Diligencias de utilidad o necesidad
Diligencias de utilidad o necesidad

El objetivo de este artículo es hacer una aproximación teórica a las “Diligencias Judiciales de Utilidad y Necesidad”, precisando en el (1) concepto, (2) fundamento legal, (3) características, (4) procedencia y (5) tramitación de las mismas.

(1) Concepto

Dentro del ámbito del Derecho de Familia, al conjunto de actos procesales cuya concatenación y dirección se enfoca en obtener la autorización para enajenar o gravar determinados bienes o derechos de los hijos sometidos a autoridad parental o de las personas bajo tutoría, se le da el nombre de Diligencias de Utilidad o Necesidad. Estas Diligencias no tienen otro objetivo más que cumplir con una solemnidad especial que reviste de validez a los actos realizados en nombre de las personas jurídicamente incapaces, bajo pena de volver imperfecto el acto por medio del cual se enajenan (como vender o arrendar) o gravan (como hipotecar o dar en prenda) determinados bienes o derechos adscritos a la titularidad de las mismas. Incluso, aplica para la suscripción de ciertos contratos (como la adquisición de créditos), porque la intención es salvar la esfera patrimonial de los hijos o pupilos. Recuérdese que una persona jurídicamente incapaz es un actor social que no tiene la aptitud para integrar sus actos en la perfección que la legalidad demanda.

El Derecho, en cuya expresión material legitima y conserva las estructuras que sostienen y proyectan las funciones de la unidad diferenciada de la sociedad, exige que los actos jurídicos que los individuos ejecutan, y a través de los cuales las funciones (roles) dan vigencia a las estructuras sociales, se adecuen a las exigencias previamente establecidas por él. Estas exigencias son, sin duda alguna, formalidades que al margen de ser juzgadas como aspectos de Derecho burocrático (entendiéndose por tal al que impone un exceso de ritualismo sin sentido alguno), se instituyen con el propósito de proteger los intereses de quienes no tienen el suficiente discernimiento o desarrollo racional para definir el contenido y alcance de sus decisiones. Las Diligencias de Utilidad o Necesidad se alzan bajo la sombra de esta justificación, porque son el canal por medio del cual se satisface una solemnidad legal que perfecciona la enajenación o gravamen de determinados bienes o derechos de las personas antes indicadas.

Más que ser una solemnidad que valida los actos a favor del hijo sometido a autoridad parental o de la persona bajo tutoría, se trata de una medida de seguridad con la que el juez filtra la intención de enajenar o gravar los bienes o derechos del hijo o pupilo, por parte de los padres o el tutor respectivamente, o de quienes representan y administran los bienes de aquellos. Esto es así porque el interés se filtra, examina o avala por un juez competente que obra no por arbitrariedad o discrecionalidad, sino por las orientaciones previamente establecidas en la ley.

La idea, más allá de quienes sostienen lo contrario, es que los hechos deben ser conformes al Derecho. Las Diligencias de Utilidad o Necesidad representan una medida de seguridad, una contraloría anticipada, un examen de procedencia o una auditoria a priori, con la que el juez verifica la necesidad o utilidad con la que se justifica la enajenación o gravamen del bien o derecho a favor del hijo o pupilo, según los hechos probados durante la sustanciación de las Diligencias (especialmente en Audiencia de Sentencia).

(2) Fundamento legal

Las Diligencias de Utilidad o Necesidad, respecto de los hijos sometidos a autoridad parental, se regulan en el artículo 230 del Código de Familia (CF), que establece:

Los padres no podrán transferir el dominio de los bienes corporales e incorporales del hijo, inclusive los adquiridos con su trabajo o industria, ni hipotecar sus bienes ni adquirir créditos, sin que preceda autorización del juez, quien sólo la dará cuando se acredite la necesidad o la utilidad manifiesta de la operación. 

Si la autorización judicial fuere para vender, la venta se hará en pública subasta y la base para el remate será el valor que los peritos asignaren a los bienes. 

La venta de los bienes muebles cuyo valor no exceda de un mil colones, no requerirá autorización judicial. Tampoco la requerirá el arrendamiento de los bienes, sea de la clase que fueren; pero el plazo del arrendamiento no deberá exceder de tres años, ni el que faltare para que el hijo cumpla la mayoría de edad, salvo lo dispuesto por leyes especiales. 

Comentarios:

  • No obstante el referido artículo únicamente dice “hijos”, y no “hijos sometidos a autoridad parental”, la idea es que las Diligencias de Utilidad o Necesidad representan una solemnidad y una medida de seguridad que pesa sobre quienes administran bienes en nombre de los hijos, tratándose, obviamente, de los padres que ejercen la autoridad parental. Recuérdese que por regla general los hijos adquieren la administración de sus propios bienes cuando alcanzan su mayoría de edad (la excepción la establece el artículo 228 CF), salvo que se les restablezca o prorrogue la autoridad parental a uno o ambos padres, en cuyo caso estos continuarán administrando los bienes del hijo (aun cuando este haya cumplido su mayoría de edad), motivo por el cual deberán tramitar las Diligencias de Utilidad o Necesidad si desean perfeccionar la venta o gravamen de los bienes de sus “hijos sometidos a autoridad parental”. Los artículos 189 y 190 de la Ley Procesal de Familia superan tal observación.
  • El valor de los bienes muebles que se pretenden enajenar o gravar que no exceda al de mil colones o su equivalente en dólar, no requiere este tipo de autorización. El valor del objeto debe ser comprobado, salvo que no sea necesario por lo notorio del caso. 

Las Diligencias de Utilidad o Necesidad, respecto de las personas incapaces bajo tutoría, se regulan 324 CF, que dispone:

La autorización para enajenar o gravar los bienes inmuebles, los derechos reales y los bienes muebles del pupilo que valgan más de un mil colones, procederá sólo por causa de utilidad o de necesidad comprobadas. 

La autorización no es necesaria cuando la venta de los bienes del pupilo corresponda al giro ordinario de sus negocios. 

 Comentario:

  • Las Diligencias de Utilidad o Necesidad para “hijos sometidos a autoridad parental”, proceden para gravar un bien con hipoteca, sin decir nada de la prenda, mientras las Diligencias de Utilidad o Necesidad para personas bajo tutoría, proceden para gravámenes en general, en los que se involucra tanto la hipoteca como la prenda. 

(3) Características

Puede resultar difícil o inconveniente el describir las características de las acciones judiciales, dada la variedad de criterios que los funcionarios de justicia adoptan para resolver o tramitar las mismas. No obstante ello, por efectos eminentemente académicos, se puede destacar las siguientes notas distintivas de las Diligencias de Utilidad o Necesidad:

  • Se despliegan con un fin asistencial. Las Diligencias de Utilidad o Necesidad se justifican con un fin asistencial, corren tras el auxilio de los hijos sometidos a autoridad parental o de las personas declaradas incapaces, frente a una situación de vulnerabilidad inmediata o previsible. No tiene una finalidad lucrativa, porque la “utilidad” no se interpreta en sentido de ganancias o rentas, sino como una forma de atender una exigencia adherida al desarrollo integral y progresivo de los sujetos protegidos, o a la protección del mínimo irreducible que soporta la vida digna de los mismos.
  • Constituye un tipo de formalidad habilitante. La teoría general del acto jurídico contempla los requisitos de existencia y valides de los actos ejecutados por los sujetos de Derecho. De acuerdo al artículo 1552 del Código Civil las formalidades representan uno de esos requisitos. Las formalidades, teóricamente, se clasifican en (1) solemnidades propiamente dichas o ad solemnitatem, (2) formalidades habilitantes, (3) formalidades ad probationem y (4) formalidades de publicidad noticiosa o substancial. En teoría, se distinguen tres especies de formalidades habilitantes: autorización, asistencia y homologación. La autorización debe entender como el permiso que da el representante legal de un incapaz o la autoridad judicial para que éste celebre un acto jurídico. Las formalidades habilitantes sirven para validar la celebración del acto y para atribuir responsabilidad por el mismo – artículo 237 CF –. Las Diligencias de Utilidad o Necesidad constituyen un tipo de formalidad habilitante (autorización), cuya inobservancia puede ser sancionada con nulidad. La autorización que tiene lugar en estas Diligencias no debe ser mayor a seis meses, según lo dispone el artículo 188 de la Ley Procesal de Familia.

Además, esta formalidad, en el fondo, también es un tipo de prohibición, que niega la perfección de los actos jurídicos que omiten obtener la autorización judicial para enajenar o gravar los bienes de los hijos sometidos a autoridad parental o de las personas bajo tutoría. Existen prohibiciones que se alzan con el objetivo de evitar irregularidades derivadas del poder familiar, como las que se establecen en los artículos 1600 del Código Civil y 232 del Código de Familia. El primer artículo sanciona con nulidad el contrato de venta entre el padre o madre y el hijo que está bajo la autoridad parental del uno o de la otra; mientras el segundo exige que los padres tengan autorización judicial para repudiar donaciones, herencias o legados, y aceptar herencias con beneficio de inventario (se ha llegado a estimar que el beneficio de inventario es una de las tres formas, junto al régimen patrimonial de comunidad diferida y a la empresa de responsabilidad limitada, por medio de las cuales se cuestiona la unidad del patrimonio, en la medida que éste es dividido y diferenciado a pesar de adscribirse a una misma titularidad).

  • Se circunscriben al ámbito del Derecho de Familia. A pesar que el objetivo que se persigue es de carácter civil (vender, hipotecar, arrendar, contratar y más), la razón teleológica que inspira la pretensión tiene un carácter asistencial, propio de las relaciones entre los sujetos que dicen pertenecer a una familia. Por ello, las Diligencias de Utilidad o Necesidad se adscriben al ámbito del Derecho de Familia, cuya jurisdicción y competencia se vincula a los Juzgados de Familia. Además, este tipo de Diligencias integran un trámite de Jurisdicción Voluntaria que, por estar libre de conflicto, no cuenta con reglas de competencia territorial definidas, de ahí que las mismas pueden ser tramitadas ante cualquier Juzgado de Familia de la República.

(4) Procedencia 

Estas Diligencias proceden por causas de utilidad necesidad, o por ambas simultáneamenteLa práctica jurisprudencial ha tenido dificultados en diferenciar una causa de la otra, al punto que se ha llegado a tratar indistintamente ambas causas. Otros estiman que la necesidad se vincula a un problema o exigencia que requiere ser inmediatamente atendido, porque denota una situación de urgencia o desventaja, mientras la utilidad involucra una situación que no es urgente ni desventajosa, sino una posibilidad de obtener gratificaciones para el sujeto protegido.

Así, por ejemplo, la venta de una casa propiedad del pupilo, con el fin de atender los gastos de una cirugía a su favor, representa una necesidad; mientras la venta de ese mismo inmueble con el fin de sufragar los estudios académicos del mismo, puede ser estimado como una utilidad. En todo caso, lo que se ha destacado en este tipo de pretensiones es que el hijo sometido a autoridad parental o la persona bajo tutoría, tenga la insoslayable necesidad de enajenar o gravar un bien o derecho con el fin de atender una situación personal o familiar,como cuando se venden propiedades de los hijos para adquirir una vivienda en la que pueda vivir él junto a su familia, por ejemplo.

 (5) Tramitación

E principio no existe un trámite especial para las Diligencias de Utilidad o Necesidad, no obstante que la las mismas cuentan con fases procesales que no están presentes en la gran cantidad de Diligencias judiciales de orden familiar, como lo es el valúo de bienes, la venta en publica subasta, el remate y más. Ciertamente, las Diligencias de Utilidad o Necesidad se promueven mediante una Solicitud en el que los padres o tutores, a través de abogados, alegan las causas de utilidad o necesidad que fundamentan la pretensión de enajenar o gravar el bien del hijo o pupilo. La referida Solicitud debe acompañarse de los instrumentos que acrediten la titularidad del derecho (plena propiedad, nuda propiedad o usufructo, por ejemplo) que recae sobre el bien que se quiere enajenar o gravar. Asimismo, deben proponerse los respetivos testigos, salvo excepciones, para acreditar la necesidad o utilidad que se alega; y debe ser presentada ante el Juez de Familia.

Una vez admitida la Solicitud, se señalará la respectiva Audiencia de Sentencia en la que se comprobará la necesidad o utilidad de enajenar o gravar el bien del hijo o pupilo. Seguidamente, de ser procedente, el Juez de Familia autorizará la enajenación o gravamen del bien, al mismo tiempo que señalará el tiempo que tendrá vigencia dicha autorización. El valor del bien a vender debe establecerse mediante un perito autorizado, quien realizará el respectivo valúo, el cual deberá ser incorporado a las respetivas Diligencias. Dicho perito generalmente es propuesto por la parte interesada y es designado y juramentado para tal efecto por el Juzgado en el que se tramitan las Diligencias.

El valúo se hace posteriormente a la autorización para vender, no obstante nada impide que se incorpore con anterioridad. Habiéndose adquirido la autorización y contándose con el respectivo valúo (cuando se trata de venta), se procede a la venta del bien en publica subasta, a través del respectivo remate. La certificación del acta de remate sirve de titulo al comprador. Por su parte, cuanto la autorización se brinda para gravar el bien del hijo o pupilo, el Juez de Familia debe expedir la certificación del decreto de autorización para tal efecto, para que se otorgue la escritura correspondiente.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

PALACIOS, CRISTIAN. “DILIGENCIAS DE UTILIDAD O NECESIDAD”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 02 de marzo de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4683